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lunes, 3 de octubre de 2016

La sucia política en El Salvador: Los seguros

EL ESTADO SALVADOREÑO  Y LA LÓGICA DE CONTRATAR SEGUROS PRIVADOS PARA CUBRIR NECESIDADES ESENCIALES COLECTIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO

Foto: Diario El Mundo


Contratar seguro privado no es una práctica que se da únicamente en la Asamblea Legislativa, otro Órgano como el Judicial, también la realiza. Pero en este caso nos enfocaremos en la Asamblea Legislativa por ser la institución que más gasta en seguro, y por fines prácticos, acumulando en esta los ejemplos de los demás órganos y aplicando el mismo análisis para todos en lo que cabe lógicamente, y así, evitar la confusión al llevar varios casos y ejemplos por separado.

Para iniciar este artículo hay que subrayar, que el Órgano Legislativo es una institución pública y además de eso, es uno de los tres órganos fundamentales del Estado, el cual viene a ser una forma de organización política, social, económica, etcétera, que tiene como fin satisfacer las necesidades básicas de una sociedad. Hasta este punto sabemos que la Asamblea es de naturaleza pública por excelencia, y debe trabajar para satisfacer necesidades esenciales de la sociedad a través de su función de producir leyes. Entre las necesidades esenciales están la educación, la seguridad y la salud

El servicio de salud público en El Salvador que se sostiene con tributos, es de una calidad y servicio bastante bajo, y para considerar que en serio satisface la necesidad de salud de la población, aún debe mejorar bastante, por lo que quienes están en la posibilidad prefieren acudir al sector privado, el problema es que gran parte de las personas no están en la posibilidad de tratarse en un hospital particular, por lo que se hace necesario y esencial el funcionamiento óptimo de dicho servicio.

Los ciudadanos pagan tributos para garantizar que el Estado les brinde la satisfacción de sus necesidades a través de servicios, como el que realizan los hospitales estatales por ejemplo. Además para sostener las instituciones que lo conforman, es decir que todo el financiamiento de los órganos lo hace la ciudadanía, por lo que para cuestiones prácticas es lógico decir que ese dinero pertenece a la colectividad y debe ser utilizado en asuntos que busquen satisfacer el interés general del colectivo.

Entre las noticias que han indignado, al menos por una semana, a la población salvadoreña, es el uso de ese dinero por parte de la Asamblea Legislativa, comprando camionetas de lujo para su Junta Directiva, y en el presente año la contratación de un servicio privado por 6.5 millones de dolares que cubre varias ramas de salud entre las que se encuentran "anestesiología, alergología, cardiología, cirugía general, coloproctología, dermatología, endocrinología, fisiatría, gastroenterología, ginecología, hematología, infectología, medicina intensiva, medicina interna, medicina general, nefrología, neumología, neurocirugía, neurología, neurofisiología clínica, oftalmología, oncología, ortopedia y traumatología, psiquiatría, radiología, otorrinolaringología, pediatría, reumatología y urología. También odontología, pero solo para diputados" (LPG-1), y en cada una de estas se les brinda, médicos, laboratorios, clínicas, farmacias y hospitales privados cubriendo el 85% del gasto.

Es aquí donde analizamos todo lo antes expuesto, y nos preguntamos sí tiene lógica que los empleados de un órgano fundamental del Estado que realizan funciones públicas por las que se les paga con dinero público (que pertenece al colectivo) y que dicha institución se financia con este, deba contratar un millonario y exclusivo seguro privado alejado de la realidad nacional, como beneficio por prestar sus servicios a una institución de naturaleza totalmente pública, y que por ser parte del Estado también tiene cómo finalidad servir y velar por el bienestar social, lo cual al menos en la rama de salud no se ha logrado y lo manifiesta el sector público contratando seguros privados con dinero público que debería ser utilizado para mejorar los servicios públicos que también como ciudadanos (razón de ser y fin último del Estado) financiamos y los necesitamos en óptimo funcionamiento.

Por supuesto que los funcionarios públicos son ciudadanos salvadoreños también y tienen todo el derecho a la salud al igual que los demás, pero como beneficio de prestar un servicio público y siguiendo la lógica de la naturaleza pública, ellos deberían ser los primeros en recibir la atención médica pública financiada por la ciudadanía y no como lo hacen en realidad con el exclusivo seguro privado pagado el 15% por ellos y el 85% (caso de la Asamblea Legislativa) pagado por quienes en algunas ocasiones no pueden ni pagarla para su propio uso.

Al menos en la lógica de la política salvadoreña tiene todo el sentido, pero para el sentido común salvadoreño esperamos que no tenga nada de lógica. 


Referencias:


2 comentarios:

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  2. Parece totalmente injusto ver como los empleados de la Asamblea vienen a tomar el dinero que los particulares otorgan al Estado a través de los tributos, por casos como este es que en nuestro país nadie cree en el sistema de recaudación de tributos, ya que ese dinero debería estar destinado a satisfacer necesidades colectivas y tristemente en nuestro país difícilmente podemos ver cómo ese dinero se transforma en obras que beneficien a la población, parece que únicamente vemos como el Estado nos roba dinero amaparandose en la normativa tributaria.
    Tal y como lo mencionas en tu artículo, estos empleados también son ciudadanos salvadoreños y tienen derecho a la salud, por esa razón es que si ellos quieren gozar de un seguro particular, deberían hacer lo que cualquier ciudadano hace y utilizar su propio dinero para cubrir esos gastos y en caso de no tener suficiente dinero, deberían de hacer lo que la gran mayoría de salvadoreños se ven obligados a hacer y acudir a hospitales públicos, tal vez de esa forma tendrían conciencia de lo urgente que es que mejoren él servicio público hospitalario del país.

    Lo peor de todo es ver cómo los funcionaros intentan justificarse diciendo cosas como esta: “Quizás el ciudadano no lo ve como un beneficio, sino como un gasto. Los que trabajan aquí han sido beneficiados. Empleados con salarios mensuales de $300, de $400… Además, los empleados de la Asamblea Legislativa también cotizan al Seguro Social, se les hace el descuento. Yo sé que es bastante dinero $5.6 millones, pero es para el beneficio de todos los empleados de la Asamblea Legislativa, sin distinción” es obvio que el ciudadano vera esto como un gasto, ya que únicamente está dando su dinero para que otros vengan a utilizarlo en estos lujos mientras la gran mayoría debe desperdiciar un día de trabajo para ir a esperar horas para ser atendido en un hospital público y que luego de pasar consulta simplemente le receten las mismas pastillas que los demás pacientes obtuvieron sin importar las diferencias de su enfermedad y al final del día terminan sintiéndose más agotados por haber tenido que soportar todo un día en el triste ambiente de los hospitales públicos.

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