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domingo, 30 de octubre de 2016

La sucia política en El Salvador: Antonio Saca


¿Por que Elías Antonio Saca presidente entre 2004-2009 y su secretario privado Elmer Charlaix se encuentran detenidos?

Foto tomada de la Wikipedia.

Una cuenta oficial de Casa Presidencial emitió 31 cheques por una suma de 15.8 millones de dolares, los cuales fueron emitidos en favor de Antonio Saca entre el 4 de abril de 2004 y el 21 de diciembre del mismo año, posterior a esto los 15.8 millones de dolares pasaron a la cuenta personal que Elmer Charlaix, su secretario privado, tenia en el Banco Citi, hoy Banco Cuscatlan, la cual fue abierta al inicio de la gestión presidencial de Antonio Saca el 3 de junio de 2004. De los 15 millones que pasaron a esa cuenta en 2004 para el año 2005 esta tenía un saldo de 29 dolares con 38 centavos.

La CSJ determinó que Casa Presidencial emitía notas de abono por día por cantidades de un millón de dolares o más, por ejemplo, hay notas con abonos de $1,048,000, $1,040,000 y la del 19 de noviembre de 2004 que fue por más de dos millones de dolares. 

El destino de los 15.8 millones es desconocido al igual que su uso, la forma en que Elmer Charlaix lo justifica es que por su cargo de secretario privado el estaba facultado para utilizar dinero en gastos reservados y de inteligencia, lo que se conoce como la partida secreta del presidente.

Este día se realizó la captura de Antonio Saca de acuerdo a información de la Fiscalía General de la República y de otras seis personas. A Elías Antonio Saca, Elmer Charlaix, Pablo Gómez y Francisco Rodríguez se les imputan los delitos de Peculado, Arupaciones Ilícitas y Lavado de Dinero, mientras que a Julio Ranks y César Funes se les imputan los delitos de Agrupaciones Ilícitas y caso especial de Lavado de Dinero y a Jorge Alberto Herrera se le imputan los delitos de Peculado y Agrupaciones Ilícitas.

Los señores Jorge Alberto Herrera, Francisco Rodríguez, y Pablo Gómez de acuerdo a la Fiscalía aún son funcionarios de CAPRES.

El delito de Peculado tiene una pena mínima de prisión, en este caso, de doce años y una máxima de quince años, mientras que en el delito de agrupaciones ilícitas la pena varía de acuerdo a la posición dentro de la organización de los sujetos, mientras que para el lavado de dinero y activos las penas son de cinco a quince años más una multa, mientras que para los casos especiales la pena de prisión va de ocho a doce años y una multa también.

Referencias:
- Como única referencia para esta nota se utilizó el vídeo "los cheques de la partida secreta" del periódico El Faro. 

viernes, 14 de octubre de 2016

La sucia política en El Salvador: El aborto

El aborto: Una polémica propuesta de izquierda que culmina en un debate hipócrita.



El debate sobre el aborto librado hace unos días en la Asamblea Legislativa, mostró dos posturas antagónicas, la del partido conservador de derecha, y la del partido "progresista" de izquierda, quien se ha mostrado a favor del aborto en ciertas situaciones desde hace varios años, pero hace su propuesta hasta hoy, dejando que pensar sobre si lo hace por convicción de principios y por defensa de los derechos de la mujer, o por la necesidad de un certero distractor ante la crisis fiscal actual tocando un tema tan sensible y polémico.

La propuesta de despenalizar el aborto en ciertos casos. Este artículo no tiene por finalidad decantarse por una corriente o por otra, si no criticar la actuación política y de otros en base a como han tratado este tema.

La propuesta mencionada por la presidenta de la Asamblea es que se despenalice el aborto en tres situaciones: cuando el embarazo sea a causa de una violación, cuando sea por salvar la vida de la mujer o cuando la vida extrauterina sea inviable. Recientemente se libró una polémica respecto a este tema, en el que una joven padecía lupus y estaba formando un feto acéfalo que ponía en riesgo su vida, por lo que solicitó permiso a la Sala de lo Constitucional para abortar pero esta se lo denegó, al final dio a luz al bebé y este murió en las horas posteriores al parto.

Las dos posturas son la del apoyo por parte del FMLN quien la propuso y la de ARENA que se niega rotundamente a aprobarla.

Históricamente el FMLN apoyó a los movimientos sociales que buscan despenalizar el aborto, pero curiosamente nunca realizó ningún movimiento a pesar de contar con diputados para hacerlo, lo que hace extraño que lo venga a realizar hasta hoy que necesita la mínima atención en el problema del impago, aparte de querer tocar el fondo de pensiones, el fuerte precedente y noticia actual que genera que esta situación se haya dado durante su gobierno. La duda es si en realidad vela por la necesidad de la mujer de tener el derecho a decidir sobre su cuerpo y por las mujeres pobres que son el sector al que se le ha aplicado la ley, o simplemente vela por sus intereses y por el manejo de la opinión pública a su conveniencia y la enfoca en puntos que no le perjudican, convirtiéndose en una fuerza política hipócrita que con actitudes así, demuestra que en la política de servicio a la sociedad no tiene nada que hacer. 

ARENA, fuerza que se muestra totalmente en contra de esta medida y que incluso, el diputado de dicho partido, Velásquez Parker, es el promotor de una propuesta para que el aborto en todas sus formas se castigue con una pena de hasta 50 años, la cual ha generado reacciones de indignación, ha sido tildada hasta de irresponsable y lo han catalogado como un ignorante en estándares básicos de derechos humanos por tratarse de temas que un legislador debería de conocer sin ningún problema. 

El aborto en El Salvador se da en todos los estratos económicos, altos y bajos, pero el más castigado es el que tiene en común la pobreza. ARENA a sabiendas de esta situación hace alarde de su moralidad defendiendo su postura a raíz de estas mujeres que muchas veces no pueden tratar correctamente el proceso de gestación, que no pueden pagar un buen médico o como el caso de María Teresa Rivera, quien fue a la letrina de su casa con fuertes dolores sin saber que estaba embarazada y que expulsó un feto al fondo de esta, que es a quien la fiscalia acusó de homicidio agravado y fue condenada a 40 años de cárcel, pero por irregularidades en el proceso fue liberada a los 3 años, ese no es el único caso de una mujer pobre que condenaron injustamente por un aborto natural también llamado parto malhabido. Conociendo estas situaciones hay que tener la cara dura para hacer una propuesta como la del diputado Velásquez Parker.

En el país más violento del mundo en base a los homicidios y que aún así hay más violaciones, donde no hay educación sexual, donde en muchas ocasiones hay niñas de 12 años que son embarazadas porque su padrastro o cualquier otro familiar las violó, donde hay mujeres que no tienen el valor de denunciar porque terminarían muertas, y si abortan terminan en la cárcel, están obligadas a dar a luz en situaciones de desamparo por parte del Estado y de sectores de la sociedad que tanto defendieron al ser que se estaba gestando y que abandonaron cuando lograron su acometido de que naciera.

Un tema tan complejo y tan determinante para la realidad de las mujeres, no merece ser tratado a la ligera y únicamente con argumentos morales y religiosos, implica también puntos médicos, filosóficos, éticos, jurídicos, científicos y políticos, tal y como lo expone Carlos Dada en su nota que sirve como referencia de este artículo. No importa la decisión que se termine tomando, no hay que defender solo por defender, los problemas están ahí, las violaciones a menores, los abortos naturales, las violaciones en general, el tabú que representa hablar sobre sexo, la ignorancia en temas de sexualidad, la aplicación de la ley solo a las mujeres pobres, estos problemas reales hay que solucionarlos, no podemos hacer como ARENA y los que adoptan su postura, no solo porque no, no es solo defender y proteger la vida del no nacido mientras está en el vientre egoístamente para sentir mi consciencia tranquila o sólo por no contradecir mi dogma, y posterior a esto desligarse de él sin brindar aportes que contribuyan a la disminución o solución del problema paulatinamente, de cada problema que conlleva que el aborto este penado y nuestra educación en pañales, y por parte del FMLN no sólo podemos proponer soluciones finales, hay que trazar caminos para llegar a ellas, adecuar el sistema de salud para afrontar los abortos excepcionales en caso de decidirse eso, el cuidado, la atención a largo plazo de la mujer y otros consejos que se les deben consultar a los expertos. Decida lo que se decida no es solamente ir a cortarle las hojas al árbol, hay que ir a la raíz.  No hay que ser hipócritas.

Referencias:
Artículo de El Faro y Noticia de La Prensa Gráfica





lunes, 3 de octubre de 2016

La sucia política en El Salvador: Los seguros

EL ESTADO SALVADOREÑO  Y LA LÓGICA DE CONTRATAR SEGUROS PRIVADOS PARA CUBRIR NECESIDADES ESENCIALES COLECTIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO

Foto: Diario El Mundo


Contratar seguro privado no es una práctica que se da únicamente en la Asamblea Legislativa, otro Órgano como el Judicial, también la realiza. Pero en este caso nos enfocaremos en la Asamblea Legislativa por ser la institución que más gasta en seguro, y por fines prácticos, acumulando en esta los ejemplos de los demás órganos y aplicando el mismo análisis para todos en lo que cabe lógicamente, y así, evitar la confusión al llevar varios casos y ejemplos por separado.

Para iniciar este artículo hay que subrayar, que el Órgano Legislativo es una institución pública y además de eso, es uno de los tres órganos fundamentales del Estado, el cual viene a ser una forma de organización política, social, económica, etcétera, que tiene como fin satisfacer las necesidades básicas de una sociedad. Hasta este punto sabemos que la Asamblea es de naturaleza pública por excelencia, y debe trabajar para satisfacer necesidades esenciales de la sociedad a través de su función de producir leyes. Entre las necesidades esenciales están la educación, la seguridad y la salud

El servicio de salud público en El Salvador que se sostiene con tributos, es de una calidad y servicio bastante bajo, y para considerar que en serio satisface la necesidad de salud de la población, aún debe mejorar bastante, por lo que quienes están en la posibilidad prefieren acudir al sector privado, el problema es que gran parte de las personas no están en la posibilidad de tratarse en un hospital particular, por lo que se hace necesario y esencial el funcionamiento óptimo de dicho servicio.

Los ciudadanos pagan tributos para garantizar que el Estado les brinde la satisfacción de sus necesidades a través de servicios, como el que realizan los hospitales estatales por ejemplo. Además para sostener las instituciones que lo conforman, es decir que todo el financiamiento de los órganos lo hace la ciudadanía, por lo que para cuestiones prácticas es lógico decir que ese dinero pertenece a la colectividad y debe ser utilizado en asuntos que busquen satisfacer el interés general del colectivo.

Entre las noticias que han indignado, al menos por una semana, a la población salvadoreña, es el uso de ese dinero por parte de la Asamblea Legislativa, comprando camionetas de lujo para su Junta Directiva, y en el presente año la contratación de un servicio privado por 6.5 millones de dolares que cubre varias ramas de salud entre las que se encuentran "anestesiología, alergología, cardiología, cirugía general, coloproctología, dermatología, endocrinología, fisiatría, gastroenterología, ginecología, hematología, infectología, medicina intensiva, medicina interna, medicina general, nefrología, neumología, neurocirugía, neurología, neurofisiología clínica, oftalmología, oncología, ortopedia y traumatología, psiquiatría, radiología, otorrinolaringología, pediatría, reumatología y urología. También odontología, pero solo para diputados" (LPG-1), y en cada una de estas se les brinda, médicos, laboratorios, clínicas, farmacias y hospitales privados cubriendo el 85% del gasto.

Es aquí donde analizamos todo lo antes expuesto, y nos preguntamos sí tiene lógica que los empleados de un órgano fundamental del Estado que realizan funciones públicas por las que se les paga con dinero público (que pertenece al colectivo) y que dicha institución se financia con este, deba contratar un millonario y exclusivo seguro privado alejado de la realidad nacional, como beneficio por prestar sus servicios a una institución de naturaleza totalmente pública, y que por ser parte del Estado también tiene cómo finalidad servir y velar por el bienestar social, lo cual al menos en la rama de salud no se ha logrado y lo manifiesta el sector público contratando seguros privados con dinero público que debería ser utilizado para mejorar los servicios públicos que también como ciudadanos (razón de ser y fin último del Estado) financiamos y los necesitamos en óptimo funcionamiento.

Por supuesto que los funcionarios públicos son ciudadanos salvadoreños también y tienen todo el derecho a la salud al igual que los demás, pero como beneficio de prestar un servicio público y siguiendo la lógica de la naturaleza pública, ellos deberían ser los primeros en recibir la atención médica pública financiada por la ciudadanía y no como lo hacen en realidad con el exclusivo seguro privado pagado el 15% por ellos y el 85% (caso de la Asamblea Legislativa) pagado por quienes en algunas ocasiones no pueden ni pagarla para su propio uso.

Al menos en la lógica de la política salvadoreña tiene todo el sentido, pero para el sentido común salvadoreño esperamos que no tenga nada de lógica. 


Referencias: